El Concejal César O. Imbellone
En la Sesión Especial convocada por el Concejo Deliberante, con motivo de los hechos que son de público conocimiento, sobre la suerte del vecino fallecido, aparentemente por negligencia de la administración municipal, presentará ante el cuerpo deliberativo la conformación de una Comisión Investigadora que podría terminar con el pedido de juicio político y destitución a la Intendente Municipal Rosana Olmos.
PRESENTACION ANTE EL CONCEJO DELIBERANTE:
Capilla del Monte, 30 de Marzo del 2010
SR. MARCELO RODRIGUEZ
PTE. CONCEJO DELIBERANTE
De mi mayor consideración:
Por la presente, me dirijo a Ud. en relación al hecho de público conocimiento acaecido en nuestra Ciudad de Capilla del Monte, el pasado día Sábado 27 de Marzo y que le costara la vida al Sr. César Julián Varela, de 58 años, vecino de nuestra Ciudad, que está siendo investigado por la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo de María Alejandra Hillman, que abrió de oficio una causa caratulándola de muerte de etiología dudosa.-
Conforme las fuentes policiales e informaciones periodísticas circulantes en la Voz del Interior, Cadena 3, diversos medios locales, nacionales y comentarios de vecinos a los que he podido acceder, los familiares de esta persona habrían llamado en reiteradas oportunidades al Hospital local mediante el teléfono de emergencias médicas, solicitando auxilio debido a que esta persona presentaba un evidente gravísimo estado de salud, siéndole negada la asistencia médica por dicho nosocomio.
Ante tal situación la Comisaría local recibió una llamada de urgencia de la hermana del enfermo, solicitando auxilio. Los policías solicitaron a dos empresas privadas de emergencias médicas el traslado de Varela al hospital, pero ambos servicios se habrían negado por tratarse de un no afiliado. Ante ello, se llamó al Hospital Municipal Américo Luqui, que informó que no contaba con ambulancia, por lo que ante la emergencia y luego de una inútil y penosa demora, no quedó otro remedio a la policía que enviar un móvil policial en el cual el hombre terminó siendo trasladado a nuestro hospital, pero llegó muerto, según informó la médica Alicia Randall.
Resulta muy probable que de no haber existido tal demora y haber el Municipio enviado la ambulancia que posee en auxilio de esta persona, hoy tal vez estaría viva y recuperándose de los padecimientos que en cambio y ante esta posible negligencia del Ejecutivo, lo llevaron a la muerte.
Pero volviendo a la información periodística del caso y tal como lo señala La Voz del Interior en su informe publicado en la edición del día 28/03/10 “Por su parte, la directora del hospital, Raquel Daniele, dijo que no pudieron asistir al hombre en su casa, donde residía con su familia en barrio Las Flores, porque no cuentan con un servicio de emergencias hacia los domicilios" ... "Sólo hay un médico de guardia las 24 horas y una enfermera por turno", explicó y añadió a Mitre 810 que conocían al hombre desde hacía tiempo y que presentaba retraso mental y motriz y tenía problemas intestinales".
Ahora bien, como es de público conocimiento, todos sabemos que el Hospital Américo Luqui cuenta con una ambulancia propia que evidentemente se podría haber utilizado para efectuar el traslado en cuestión, máxime considerando la situación de emergencia.
También por dichos de vecinos e incluso personal del Hospital, parecería existir una orden emanada directamente del Departamento Ejecutivo Municipal, por la cual se habría prohibido al personal del dicho nosocomio, la atención de este tipo de emergencias y el uso de la ambulancia para tales casos, lo cual de ser cierto sería gravísimo.
Ahora bien, tales conductas descriptas a más de haber sido la posible causa de la pérdida innecesaria y absurda de una vida humana, podrían encuadrarse en varios tipos penales como ser el abandono de persona (art. 106 del C.P.) en concurso real con violación de los deberes del funcionario público (art. 248 del C.P), entre otros que deberían ser objeto de un análisis más detallado. En tal sentido cabe señalar que el Estado representado en este caso por el Ejecutivo Municipal, dejó abandonada a su suerte a esta persona respecto de la cual tenía un deber ineludible de asistencia.
Como Peronista, me avergüenza ver como en un gobierno votado por el pueblo y conducido en últimas dos décadas por el Partido Justicialista, defensor de las banderas históricas de Perón y Eva Perón de Justicia Social, solidaridad y la defensa por sobre todas las cosas de los más desprotegidos, abandono a su suerte a un vecino que pedía a "gritos" ayuda por su vida. Después de lo expuesto, Sr. Presidente, me pregunto; Quien está dispuesto a esperar una muerte mas en Capilla del Monte?. Seguramente, muchos de nosotros tenemos la suerte de contar con una atención primaria privada, pero son justamente los más pobres y desposeídos, quienes tendrán que pagar con sus vidas la inoperancia del sistema público de salud de nuestra ciudad y esto es imperdonable e intolerable.
Volviendo al punto principal, sobre la supuesta orden de negar que la ambulancia asistiera al domicilio del vecino en cuestión, dicha orden de ser cierta, sin dudas podría constituir una verdadera violación de los deberes del funcionario público que al dictarla lo habría hecho en flagrante violación de la Constitución y Leyes nacionales y provinciales, que garantizan los derechos humanos básicos, justamente contraviniendo el padre de todos esos derechos, sin el cual los demás carecen de sentido autónomo, esto es, el derecho a la vida.
Incumplimiento que habría quedado configurado al mismo momento de dictar tal orden o resolución, no importa si la misma fue escrita o verbal, lo que importa es su mera existencia, causan en este caso de que ahora uno de nuestros vecinos ya no esté entre nosotros.
Incumplimiento que también se habría configurado al omitir dar la orden frente a tan dramático caso, de ir a buscar al enfermo como sea y sin importar cuáles serían los costos, o es que vamos a priorizar unos dineros públicos que se han venido malgastando inútilmente en otras cosas, dejando morir sin asistencia médica a nuestros vecinos.
Como también es de público conocimiento, en mi pensamiento sobre las prioridades de una administración pública, destacamos siempre la necesidad de priorizar la salud pública, justamente en defensa de los sectores más necesitados que no pueden acceder a servicios privados ya que muchas veces no tienen el dinero necesario para llevar el pan a sus mesas.
Lamentablemente hoy no podemos volver los hechos hacia atrás y reparar este gravísimo daño que se ha ocasionado a esta familia, pero sí podemos y debemos ineludiblemente poner un punto final a esta desidia y falta de respeto por nuestros vecinos. Llegó el momento de encarar una seria investigación tendiente a determinar las responsabilidades políticas de los funcionarios y sobre todo de la cabeza principal, es decir, del Ejecutivo Municipal en la figura de la Cra. Rosana Olmos.
No podemos seguir un minuto más hablando en voz baja y esperando que las cosas se acomoden solas, cada minuto que pasa estamos poniendo en riesgo la vida de un vecino. Y digo la vida, porque como resulta obvio es el derecho más importante que poseemos, pero no solo ello, este pésimo rumbo que ha tomado desde hace ya dos años el ejecutivo municipal, está afectando muchos de nuestros derechos, nuestro patrimonio, nuestro medio de vida como localidad turística que somos y sobre todo, nuestro futuro y el de nuestros hijos.
Este desmanejo general nos ha llevado a una situación a la nunca deberíamos haber llegado, no sé si se trata de incapacidad o mala fe de nuestra Intendente y sus funcionarios políticos ejecutivos, pero lo que sí sé, es que de esta manera no podemos continuar, nuestro pueblo pide a gritos que este proceso se revierta y volvamos a ser la hermosa ciudad que alguna vez fuimos, corrigiendo tantas falencias, mejorando servicios y necesidades básicas y sobre todo, con un servicio de salud acorde a los tiempos que corren, moderno y que no discrimine en base al dinero que cada uno tenga, una asistencia universal y completa, que abarque a todas y cada una de las personas, residentes y turistas, que tengan el gusto de disfrutar de esta hermosa localidad turística y que no vuelva a morir alguien por la inacción e ineficacia del gobierno municipal. Simplemente enumerar estas últimas palabras, denota al menos una clara incapacidad de nuestra Intendente municipal para el ejercicio del cargo que detenta, evidenciada fundamentalmente por el lamentable estado de nuestra querida ciudad.
Mucho se ha dicho respecto a si el municipio está obligado o no a asistir médicamente a los vecinos en situaciones de emergencia extrema como la señalada u otras de menor entidad. Pero al respecto el Ministro de Salud de nuestra Provincia ha sido claro cuando en diálogo con Cadena 3 “...responsabilizó a las autoridades sanitarias de Capilla del Monte por la muerte por falta de atención en un hospital de la localidad de Punilla. “Ignoro lo que pasó. Han fallado. No sé por qué no se hizo algo. La Provincia financia un sistema para que, cuando viene un paciente cuyo problema no puede ser resuelto ahí, pueda ser trasladado. Cada municipio tiene un mecanismo para enfrentar las llamadas de emergencias domiciliarias” (sic). Esto es textualmente lo señalado a dicho medio periodístico por un Ministro, que pertenece al mismo partido político que la Intendenta y que a pesar de ello, no ha dudado un instante en atribuirle total responsabilidad en el hecho al Municipio. Estos dichos provenientes de la máxima autoridad provincial en materia de salud, proveniente reitero del mismo espacio político que la Contadora Roxana Olmos, nos exime de cualquier comentario y consideración que resultaría sobreabundante. Es que como se suele decir en materia judicial “a confesión de parte, relevo de prueba”.
En virtud de lo expuesto y ante la gravedad de los hechos que quedaron descriptos, vengo a solicitar a esta presidencia que conforme a las atribuciones que confiere a este cuerpo el artículo 30 de nuestra Ley Orgánica en su inciso 16, se nombre una Comisión Investigadora a los efectos de establecer la responsabilidad de la totalidad de los funcionarios municipales en los hechos que nos ocupan y de corresponder una vez agotada dicha tarea, formular denuncia promoviendo el juicio político y la destitución de quienes resultares responsables por acción u omisión. Solicito asimismo integrar y de ser posible y aceptado por mis pares, asumir la presidencia de tal comisión.
Cesar O. Imbellone
CONCEJAL
